Mucho se ha especulado sobre los efectos económicos de las medidas adoptadas por el gobierno para afrontar la pandemia del Covid-19, pero no tanto en relación con las consecuencias jurídicas de las mismas.

En Colombia las micro, pequeñas y medianas empresas  representan el 80 % del empleo del país. La contingencia generada por las medidas adoptadas para contener los efectos de la pandemia del virus COVID-19, su rápida propagación y la urgente búsqueda de soluciones para evitar contagios e incluso muertes, en el entorno de las empresas y de su talento humano, ha hecho recurrir a los empleadores a varias estrategias,

La declaratoria de emergencia sanitaria[1], primero, y las posteriores declaraciones del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica[2], así como las diferentes medidas  adoptadas por el gobierno en el mismo contexto[3], expedidas con la finalidad de afrontar la pandemia del COVID 19,

Como consecuencia de las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno Nacional para controlar la propagación del COVID-19, muchos locales comerciales se han visto en la imposibilidad material de abrir al público para el desarrollo de su actividad, alterándose así el desarrollo normal del contrato de arrendamiento.

Respuesta: SI, pero no es el sólo cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión el que autoriza al empleador a terminar con justa causa el contrato de trabajo sino que se debe constatar que el trabajador ha sido notificado de su inclusión en la nomina de pensionados de la respectiva entidad Administradora.

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